Sentencias eternas en la Red
En estos días ha salido a la luz la noticia de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo con respecto al derecho al borrado de datos de los buscadores de Internet. Más de dos centenares de reclamaciones han sido aprobadas. La empresa e Privacidad es la encargada de defender algunos de esos casos que defienden el derecho al olvido y la protección de la intimidad de los usuarios. Aunque se trate de personas sin relevancia pública, sus datos siguen presentes en la Red y su propaganda les está provocando un daño personal.
Todo comenzó cuando la empresa e Privacidad solicitó a Google la cancelación de los datos de un hombre que no era de relevancia pública, y que aparecía con su nombre y apellidos y la entidad en la que trabaja en una noticia publicada por un medio de comunicación. Las referencias a esa persona decían que este hombre había comprado un inmueble a otra acusada de un fraude por Hacienda, aprovechándose de sus relaciones con empresarios. Pero en realidad la persona que reclamaba el borrado de sus datos no tenía nada que ver con los implicados en ese delito, según ePrivacidad. Todo esto ocurrió en el año 1994, pero la ofensa para el afectado fue que información hicieron otros medios de comunicación se hicieron eco de la misma noticia y fue rastreada posteriormente por Google.
Una vez el demandante solicitó que se borraran sus datos al medio de comunicación, este se negó acogiéndose en el derecho a la información.
El buscador mantuvo que era un medio intermediario, pero la Agencia Española de Protección de Datos le pidió retirar de sus resultados de búsqueda los datos de esta persona y además que dejara de vincular la noticia en los medios. Google interpuso entonces un recurso ante la Audiencia Nacional.
Otro caso que también llevo a cabo ePrivacidad procedió de la publicación de la condena de varios meses de una persona en un medio de comunicación; la condena fue de suspensión de empleo y de cargo público y de varios años de inhabilitación por malversación de caudales públicos y prevaricación. Este delito lo cometió el acusado siendo alcalde de un municipio de solamente 1800 habitantes.
La publicación se efectuó a finales del año 2011, pero la condena se dictó cuatro años antes, en 2007, después de unas investigaciones que se realizaron en el año 2004 y 2005. Desde hace años, este hombre ya no se dedica a la política, por lo que no es un personaje público. Pese a ello cumplió la pena que le fue impuesta pero hoy sigue apareciendo en Internet junto a aquella condena.
Otro caso fue el de una familia que fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado en 1996. Se le comunicaba que el Juzgado había decidido embargar su vivienda y subastarla. Con la digitalización del BOE en 2009 volvió a la luz el suceso y Google la amplió a todo el mundo. El afectado solicitó a Google y al BOE que no mostrasen sus datos, pero no hicieron caso y presentó una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, la cual posteriormente le dio la razón. Por desgracia este hombre falleció no viendo cumplido su deseo de ganar la batalla al gigante buscador.
Noticia extraída del siguiente enlace http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/13/actualidad/1399977596_902021.html
